Por Horacio Ortiz, de la CD de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (Abopa).
Una iniciativa del intendente municipal de Castelli, Francisco Echarren, acerca de la implementación de una contribución por parte de los propietarios de campos para la creación de un fondo de emergencia por la pandemia del coronavirus fue dada a conocer por parte del propio mandatario en algunas entrevista concedidas al medios nacionales en su edición del miércoles 1 de abril.
El decreto 337-20, que fue aprobado ese mismo día en una sesión celebrada en el Concejo Deliberante, contempla una contribución por única vez para la conformación de un fondo, consiste en un gravamen de 42 pesos por hectárea a los propietarios que posean superficies mayores a las 50.
Si bien originalmente no se habían establecido topes máximos en el texto original, lo cual hacía que las superficies extensas pagaban cifras muy abultadas, este jueves el decreto tuvo una modificación que especifica que la cifra máxima aportada por contribuyente será de 44.000 pesos. El dinero reunido será asignado a una cuenta creada a los efectos de solventar los gastos que eventualmente podría ocasionar una sucesión de numerosos casos de coronavirus en Castelli, una ciudad que cuenta con alrededor de 1.200 habitantes.
“Esto surgió por la iniciativa de algunos productores rurales que, de manera voluntaria y en la mayoría de los casos anónima, ofrecieron donaciones”, manifestó Francisco Echarren, quien está cursando su tercer período al frente del municipio.
El mandatario justificó la creación de este decreto en el hecho de organizar esas donaciones y, ante la posibilidad de una emergencia, “hacer lo mejor pero preparándonos para lo peor”, manifestó en declaraciones a una emisora radial.
Intendente municipal de Castelli, Francisco Echarren.
Fiel a su estilo confrontativo, durante la misma entrevista, Echarren volvió a cargar las tintas contra dos concejales de la oposición, a quienes responsabilizó del hecho que la iniciativa tuviera eco mediático en matutinos más conocidos de tirada nacional.
“Desde ayer estuve recibiendo llamados de Infobae (en el que estuvo bien planteada la nota), La Nación, Clarín, y radios porque el señor (Martín) Céspedes, junto a la concejal Gladys Larraza, enviaron informaciones a periodistas de todos los medios diciendo que en Castelli íbamos a poner un impuestazo, lo que es absolutamente falso. Tenemos que prepararnos para una situación de emergencia, porque la salud se hace con dinero y si nosotros llegamos a tener un paciente nomás, en terapia intensiva son 60 trajes para equipar al personal y hay que pensar que un barbijo vale 700 pesos. No podemos esperar que la Provincia nos habilite los fondos en ese momento. Tenemos que estar preparados con los fondos ¿Y a quién se los vamos a pedir? a los que tienen capacidad de contribuir. No se los vamos a pedir a los comerciantes que sabemos ya cómo están, ni a los maestros, ni a los policías”, manifestó antes de seguir cargando contra los concejales de la oposición.
El bloque de Cambiemos no se hizo presente en la sesión que se llevó a cabo la misma noche del miércoles, ya que el Frente de Todos cuenta con mayoría y quórum propios, lo que le permitió sancionar la ordenanza que debe ser también aprobada por la asamblea de grandes contribuyentes, la cual no ha sido convocada por la vigencia del DNU presidencial que determina el aislamiento preventivo y obligatorio y no permite las actividades presenciales.
Fue justamente en ese decreto en el que justificaron su ausencia a la sesión los ediles y opositores y así lo hicieron saber por medio de una nota enviada momentos antes al CD y a la que este medio tuvo acceso. En el texto de la misma agregan que proponen una modificación al reglamente interno del Concejo Deliberante para poder sesionar de manera virtual.
“Acompañamos las medidas que el intendente juzgue necesarias para el apaleamiento de la crisis sanitaria”, manifestaba la nota, que agregaba que consideraban que las medidas ya habían sido puestas en vigencia por decreto parte del Ejecutivo y creía que no era urgente realizar la sesión hasta finalizada la cuarentena establecida en el decreto presidencia”, expresaron los ediles, al tiempo que propusieron abrir una prórroga para los contribuyentes morosos no alcanzados por las medidas i puestas por el Gobierno a los perjudicados por el decreto en cuestión y la evaluación de la reducción de los salarios que cobran los funcionarios políticos y asesores .
Este medio contactó a la presidenta de la Sociedad Rural de Castelli, Angelina Traverso, pero al cierre de esta nota no recibió respuesta de ella.
La palabra de Carbap
Carbap, por su parte, fue quien emitió el siguiente comunicado, calificando en duros términos la medida del intendente.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa rechaza y ve con preocupación la actitud oportunista del intendente Francisco Echarren, del municipio de Castelli, que excediendo sus competencias, atribuciones y deberes, y recostado sobre esta pandemia que estamos atravesando todos los argentinos, impone una tasa para supuestamente enfrentar el COVID-19, obligando a todos los propietarios de establecimientos rurales a pagar $ 42 por hectárea, con un máximo de $ 44.000 por inmueble.
Estas actitudes, de algunos políticos que se arrogan regular sobre materias fuera de sus competencias, son muy similares a las actitudes de aquellos empresarios oportunistas y especuladores que aumentan el precio de los insumos básicos de manera oportuna, ante una demanda en aumento, y muy lejos de la solidaridad que llevan adelante tantas organizaciones intermedias de la sociedad civil recaudando materiales y equipamiento para hospitales y nosocomios imposibilitados de enfrentar esta pandemia, justamente por la falta de inversión y previsión en material hospitalario de muchos de estos políticos de vuelo corto y rastrero.
En muchos municipios del interior bonaerense, los intendentes con sensatez y buen juicio, junto a las entidades intermedias –incluidas las asociaciones rurales– han sabido recaudar los fondos necesarios entre aquellos que están en condiciones de poder aportar voluntariamente, sin imposición alguna, porque no todos los ciudadanos están en condiciones de aportar más de lo que ya han aportado al Estado, tanto Nacional como provincial y municipal. La pregunta que surge es qué han hecho con todo lo recaudado en tantos años, si al producirse una situación crítica como esta se necesita de la iniciativa privada para la compra tanto de respiradores como de insumos médicos básicos.
Vale advertir que estas conductas de abuso de poder tienen previstas expresamente las consecuencias de las acciones y actos irregulares, tanto en nuestra Constitución Provincial, como en La Ley Orgánica de las Municipalidades. Así, la Constitución de la Provincia en su artículo 57 es contundente y amplísima en su alcance, como así también lo ratifica el artículo 194 de la misma Constitución Provincial, y lo reglamenta largamente la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Capítulo IX (artículos 241 a 246).
Desde Carbap hacemos un llamado a la cordura y sensatez de los intendentes y autoridades de la provincia de Buenos Aires, en este marco de incertidumbre que estamos viviendo, y a no promover la desunión entre las comunidades, que es fundamental para enfrentar esta pandemia, ni hacer uso de esta situación para instaurar una nueva y grave “pandemia institucional”.
Denuncia contra el intendente Echarren
El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo, presentó en la mañana de este viernes una denuncia en la Comisión Federal de Impuestos contra el Municipio de Castelli y su Intendente, Francisco Echarren, por la aplicación de un “impuesto encubierto” a los productores rurales del partido, en el marco de una “contribución especial” por la pandemia por el Covid-19.
Diputado provincial de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo.
Bugallo se presentó ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI) y solicitó suspender la vigencia del polémico decreto 377/2020, firmado por el intendente del Frente de Todos, que impone una contribución extraordinaria “por única vez” a los productores rurales de Castelli.
El legislador bonaerense sostuvo que “se trata de una doble imposición tributaria, dado que utiliza la misma base imponible que el Impuesto a los Bienes Personales que cobra la Nación, al tiempo que se superpone también con el Impuesto Inmobiliario Rural provincial y a las tasas por servicios que cobra la municipalidad a los productores. Es claramente ilegal e inconstitucional que un municipio cree un tributo, dado que solo puede aplicar tasas que deben estar justificadas con la prestación de un servicio, cuestión que aquí no existe. Se cobra a todos los productores que tengan más de 50 hectáreas y hay facturas que superan los 100 mil pesos, cuando se estipuló, en un segundo decreto modificatorio sacado entre gallos y medias noches, un tope absurdo de $ 44.000 por partida que, de por sí, ya era un disparate”, expreso el dirigente de la Coalición Cívica.
